Por Alicia de Arteaga
Accidentada y larga ha sido la marcha del proyecto de ley de mecenazgo que ya está en el Congreso, luego de un acuerdo de fondo y forma sellado entre su impulsora, la senadora justicialista María Cristina Perceval (Mendoza) y el secretario de Cultura, José Nun.
En una historia de nunca acabar, operadores culturales, artistas y empresas reclamaban desde hace años una ley que creara el marco para incentivar las inversiones en proyectos, programas de desarrollo, capacitación y acciones culturales, tal como sucede en otras partes del mundo, y en especial en Brasil, con la ley Rouannet.
La espina en el zapato fue siempre determinar cuál sería el organismo de aplicación, dato clave porque dicho organismo será quien diga qué proyectos presentados gozarán de los beneficios de la desgravación. La ley que vetó Duhalde, casi al día siguiente de asumir su corto mandato en 2002, colocaba en ese lugar al Fondo Nacional de las Artes (FNA), entonces presidido por Amalia Fortabat. Si la función del FNA es la de ser "el banquero" de las artes, parecía una excesiva concentración otorgarle también el poder para determinar quién "aplica" para el mecenazgo y quién no.
La principal modificación que se incorpora en el actual proyecto es la autoridad de aplicación. El proyecto establece la creación de un "consejo mixto de incentivos para el arte y la cultura", integrado por el secretario de Cultura; tres directores del FNA; representantes del sector privado y de las ONG, y el presidente del Fondo de las Artes, que sería la voz de Economía, ya que por lógica la desgravación supone una quita en la recaudación fiscal. El perfil del actual presidente, Héctor Valle, un economista que viene del desarrollismo, sintoniza con esa posición... VER NOTA COMPLETA
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